“No vamos a tener Copacabana en la Costa Verde, no va a haber grandes proyectos inmobiliarios. La Costa Verde va a ser un espacio de recreación pública para todos los limeños. Esto significa que debemos tener espacios donde la gente pueda practicar deporte, que pueda reunirse libremente acceder a ella a través de las escaleras y los puentes”, afirmó al Diario Gestión el nuevo presidente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), José Rodríguez.
La primera pregunta que nos viene a la mente al escuchar a la referida autoridad es ¿y qué hay de malo con Copacabana? Si bien parece positivo que se reserve una determinada cantidad de espacios (o una gran cantidad, si prefieren) a la creación de espacios públicos (parques, miradores, etc.), ¿por qué excluir totalmente la construcción de algunos proyectos privados? ¿Se ha estudiado qué cantidad de espacios públicos se demandan? ¿Se ha verificado que todos sean autosostenibles? (No sería justo ni eficiente que los financie el Estado con los recursos de todos los peruanos si sólo los limeños, o incluso algunos limeños, los usarán). No pareciera, entonces, que la medida resulte necesaria ni proporcional.

De otro lado, hay otra pregunta, quizás más importante, que subyace al tema: ¿son todos los acantilados a los que se hace referencia propiedad pública? Porque, si fueran de propiedad privada, ¿no sería la medida municipal prácticamente una expropiación? ¿Qué pasa con quienes pensaban vender o adquirir esos terrenos? ¿Qué pasa con las empresas que ya tienen proyectos en ellos?

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