La nueva alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, propondría extender el Plan Zanahoria a toda Lima, con lo que todos los bares y discotecas de la capital tendrían que cerrar a determinada hora.
Antes de adoptar este tipo de medidas, los alcaldes de todo el Perú deberían tomarse un tiempo para evaluar los costos y beneficios involucrados. De hecho, este análisis ya ha sido realizado por el Tribunal Constitucional y el INDECOPI, con resultados desfavorables para las municipalidades.
En el sonado caso de la Calle de las Pizzas, el Tribunal Constitucional ya descartó que las restricciones horarias a los funcionamientos de establecimientos sean medidas idóneas para resolver el problema de la seguridad ciudadana.
Así también, en diversos casos la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI ha concluido que este tipo de limitaciones horarias constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales de acceso al mercado. Razones hay varias: la ilícita revocación parcial de las licencias de funcionamiento de los establecimientos nocturnos, la desproporcionalidad de la medida, y el establecimiento de restricciones generales sin identificar las zonas específicas donde existe puntos de aglomeración que produzcan ruidos molestos.

Alcaldes: no empiecen con el pie izquierdo.

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