Hace un par de días comentamos la preocupación del Ministro de Salud, Oscar Ugarte, en relación con el incremento en los precios de medicinas para el tratamiento del cáncer, a pesar de que en los últimos años se han reducido y eliminado los aranceles aplicables a dichos productos. En nuestro comentario saludábamos lo que parecía ser la propuesta de solución del referido ministro: más competencia.

No obstante ello, posteriormente el ministro Ugarte ha esclarecido que es lo que él entiende por “competencia”, proponiendo que el Estado realice las denominadas “importaciones paralelas”: “Esta es una posibilidad a la que puede acudir un gobierno cuando considera que está en riesgo la salud pública. Y si bien no nos encontramos en una pandemia, consideramos que la salud sí está en riesgo porque los excesivos precios dificultan el acceso de la población a estos tratamientos”. En otras palabras, el Estado realizaría compras de medicinas y las comercializaría compitiendo con los laboratorios y distribuidoras privadas.

¿No viola esto el principio de subsidiariedad consagrado en nuestra constitución política? Una cosa es que el Estado realice compras para atender de manera directa a quienes no pueden pagar por las medicinas (los más pobres). Otra cosa distinta, y sumamente perjudicial para la economía de mercado, sería vender indiscriminadamente las medicinas importadas para presionar a la baja el precio de los laboratorios y distribuidores. Ello constituiría una forma indirecta de control de precios, no a través de una norma, sino mediante la actividad empresarial del Estado.

Es cierto que a primera vista los precios mostrados por el Ministerio de Salud parecen “muy altos” o “irrazonables”, pero estos pueden responder a una gran cantidad de factores (costos de distribución, publicidad, patentes, aumento de la demanda en otros países) y no necesariamente responden a un actuar indebido  en el mercado (por ejemplo, un cártel de precios).

Debe tomarse en cuenta, además, que si bien la medida puede aparecer como positiva en el corto plazo (acceso a las medicinas a precios más bajos), las distorsiones que ésta introduciría en el mercado podrían causar la escasez de ciertos productos o incluso el retiro de ciertos laboratorios del país. Y no hay medicina más cara que la no se puede comprar.

Mario Zúñiga
Investigador del Instituto Libertad y Democracia - ILD. Colaborador de RxR

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