Las multitudinarias protestas en Egipto (parte de una ola de protestas en el mundo árabe que comenzaron hace un par de semanas con la caída del presidente en Túnez), que luego de más de una semana podrían culminar con el derrocamiento del corrupto Hosni Mubarak luego de casi 30 años en el poder, resultan una clara demanda de democracia y mayores libertades civiles.

Pero democracia no es lo único que reclaman los egipcios. Ellos reclaman también la posibilidad de progresar por sus propios medios. Y es que si bien Egipto luego de más de dos décadas  de “socialismo arábico” inició una serie de reformas destinadas a “liberalizar” la economía, éstas más bien han devenido en un profundo mercantilismo en favor de las clases dominantes, con el establecimiento de diversos privilegios y monopolios que pasaron de manos estatales a privadas.

Producto de ello, y pese a su buena performance macroeconómica y gran cantidad de recursos naturales, más del 40% de la población egipcia está dentro del rango de “extrema pobreza”  y “casi pobreza”.

Como resalta Hernando de Soto en una nota para el Wall Street Journal, los titulares que aparecían en la cadena Al Jazeera una semana antes de que los egipcios tomen las calles señalaban que “el real terror que consume al mundo árabe es la marginalización socio económica”, el “apartheid económico”.  Según de Soto, que cita un estudio realizado en 2004, casi el 92% de la propiedad en Egipto es informal.

Y es que el marco legal e institucional egipcio está destinado a beneficiar a unos pocos a costa de muchos, plagado de leyes complicadas y discriminatorias. Asimismo, una densa y profusa burocracia está diseñada para ocultar dicha realidad. Lo que necesita Egipto, además por supuesto de una democracia, es una gran reforma legal e institucional a gran escala, que permita a todos y cada uno de los egipcios asociarse, contratar, manejar sus activos y hacer empresa libremente.

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