Motivados por la época electoral o tal vez por los recientes escándalos de funcionarios públicos vinculados con el Gobierno, el Ejecutivo propone dar carácter permanente al polémico Decreto de Urgencia 038-2006, por el que se estableció un tope salarial a todos los funcionarios públicos, el mismo que no podría superar el salario del Presidente de la República equivalente a S/. 15,600.

Más allá de las dudas sobre su constitucionalidad, esta norma resulta altamente criticable desde el punto de vista económico, como ya ha sido advertido por Cecilia Blume y Federico Salazar. El Estado compite con las empresas privadas al momento de captar trabajadores. Si el Estado no está en capacidad de remunerar adecuadamente, los profesionales y técnicos realmente capaces y eficientes no tendrán los incentivos suficientes para entrar a la función pública. El resultado ya se ha visto durante este gobierno: más escándalos  de corrupción y pésima administración, debido a la presencia de funcionarios de pobrísimo nivel.
Lo barato sale caro.