El señor Zanahorio es un eficiente agricultor de zanahorias, lleva una vida saludable, muy pocas veces se enferma, y cuando ello sucede, los medicamentos y atención médica representan una inversión mínima para él. Por ello, Zanahorio ha decidido no contratar un seguro de salud.

Esta decisión racional y respetable de Zanahorio podría traerle graves consecuencias sin embargo. Según el Decreto Supremo 034-2010-SA, publicado la semana pasada, Zanahorio no podrá solicitar un crédito a una entidad privada del sistema financiero para incrementar su producción de zanahorias, ni tampoco podrá vender zanahorias a las cafeterías de entidades estatales. ¿Por qué? Porque debió antes contar con un seguro de salud.

¿Qué tiene que ver la obtención de un seguro con la obtención de un crédito o la contratación con el Estado? Nada. Pero como es un objetivo del Estado garantizar el aseguramiento universal, entonces no se podrá obtener los beneficios antes mencionados, si no nos alineamos a ese objetivo obligatorio. ¿Cuál será la consecuencia? Que algunas personas como Zanahorio tendrán que contratar seguros que no le resultan atractivos; y que otras personas se vean impedidas de obtener créditos o competir en los concursos públicos.

El Gobierno nos está diciendo: “Yo sé que es lo mejor para ti”. Y si no hacemos caso al Gobierno nos castiga (y de paso castiga a las compras públicas y al mercado de entidades financieras). ¡Qué gran padre!

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