En una nota anterior, comentamos sobre un proyecto de ley presentado en el mes de noviembre pasado que busca promover la "democratización" y el acceso a las tierras agrícolas en el Perú, mediante la limitación de la facultad de los agentes económicos de adquirir y disponer de tierras agrícolas sobre la base de su extensión.

En dicha oportunidad indicamos que la referida medida era perjudicial para el mercado debido a que restringiría la posibilidad de incrementar la inversión privada y de fomentar un mayor dinamismo económico en las zonas aledañas al límite impuesto, como la generación de economías de escala y un desarrollo eficiente de la industria involucrada, afectando a la generación de más empleos e ingresos tributarios.

No obstante ello, el 18 de enero de 2012 se publicó una nota en el diario El Comercio en la cual se informa que el Ministerio de Agricultura (MINAG) va a presentar un proyecto de ley que regulará la concentración de tierras agrícolas y propondrá un límite de extensión de dichas tierras, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la gran inversión y la mediana y pequeña agricultura.

Aunque el objetivo último de la norma pueda ser loable (incentivar la mediana y pequeña agricultura), el medio a utilizar podría llegar a ser muy perjudicial para la sociedad en su conjunto. Para incentivar la agricultura no es necesario (ni recomendable) afectar la estructura y el funcionamiento del mercado. En lugar de ello, es importante que se mejoren las condiciones de los pequeños agricultores en términos de infraestructura, capacitacion, acceso a tecnología, y que se reduzca la complejidad de la tramitación de la compra de tierras agrícolas (reducción de costos de transacción, sobre todo en menores inversiones en tiempo y dinero), con la finalidad de que los pequeños y medianos agricultores tengan los ingresos suficientes para que puedan convertirse en "grandes" sin mayores inconvenientes, para que puedan competir libremente en el mercado.

Asimismo, coincidimos con Fernando Cillóniz, consejero de Respeto por Respeto, al afirmar en la nota referida que medidas como la propuesta por el MINAG son iguales a las propuestas por la Reforma Agraria implantada infructuosamente en nuestro país hace algunas décadas y, por ende, sus consecuencias también, por lo que inhiben drásticamente la inversión privada en el sector agricultor. Esperemos que esta medida no prospere durante su próximo debate en el Congreso.

Gianfranco Mejía
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigador del Centro de Investigación en Políticas Públicas Respeto por Respeto.

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